La contratación pública en España ha experimentado una transformación relevante en los últimos años, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y sus sucesivas modificaciones. Este nuevo marco legal no solo adapta la normativa española a las directivas europeas, sino que introduce novedades importantes en materia de transparencia, criterios de adjudicación, procedimientos, duración de los contratos, y gobernanza.
Para los profesionales del sector público y de los servicios públicos, esto implica un cambio de paradigma. Por ello, la necesidad de formación especializada —mediante cursos de servicios públicos o módulos de formación en Servicios públicos— se ha vuelto más acuciante. La empresa EISP, por ejemplo, ofrece acciones formativas específicas sobre contratación pública para entidades de servicios públicos.
En este artículo analizamos cómo ha cambiado la contratación pública tras la última reforma legal, qué implicaciones tiene para las entidades y empresas, y por qué es clave contar con una buena formación para adaptarse.
1. ¿Qué reforma estamos analizando?
Aunque ya existía una normativa anterior, la LCSP de 2017 supuso un hito: su objetivo era transponer al ordenamiento español las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratación pública, estableciendo un nuevo marco jurídico con ambición estratégica.
Posteriormente, la LCSP ha sido objeto de varias modificaciones:
- A través de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 se modificaron artículos relativos, por ejemplo, a la clasificación de empresas, solvencia y criterios de adjudicación.
- A través del Real Decreto‑ley 9/2024, de 23 de diciembre se introdujeron medidas urgentes que también afectan a la LCSP, por ejemplo en los contratos de concesión para vivienda social.
Aunque no se trata de una reforma única monumental, la acumulación de cambios, ajustes y modificaciones ha generado un entorno normativo distinto al que existía antes y plantea nuevos retos para todas las partes implicadas.
2. Principales cambios en la contratación pública
A continuación se recogen los vectores más significativos del cambio normativo:
2.1 Transparencia, procedimientos electrónicos y criterios de calidad
La LCSP puso especial énfasis en reforzar los principios de publicidad, igualdad, libre concurrencia y transparencia, así como en facilitar la contratación electrónica.
Esto implica que los órganos de contratación deben publicar en los perfiles correspondientes los pliegos, la documentación relevante de la licitación, y adoptar procedimientos que limiten el uso indiscriminado de modalidades negociadas sin publicidad.
Para las empresas licitadoras, esto exige una mayor capacidad para adaptarse a entornos digitales, conocer los sistemas de contratación electrónica y garantizar cumplimiento documental, lo que resalta la importancia de la formación en Servicios públicos en este ámbito.
La norma impulsó la adopción del criterio de la «oferta económicamente más ventajosa», no simplemente la más barata.
Además, se introduce el uso de cláusulas sociales, de innovación, medioambientales, y de ejecución responsable como parte de los pliegos de contratación. Esto exige de los licitadores y entidades públicas un enfoque más estratégico y formativo para entender y aplicar dichos criterios.
2.3 Limitación de duración de contratos y control de prórrogas
Mediante modificaciones posteriores (por ejemplo en la Ley 31/2022) se revisaron los plazos de duración máximos para ciertos contratos de suministros y servicios sucesivos: por ejemplo, fijándolos en un máximo de cinco años incluyendo prórrogas.
El control de las prórrogas se vuelve más exigente, lo que implica planificar las contrataciones con mayor previsión y adoptar estrategias de renovación o licitación que se ajusten al nuevo marco.
Con la aprobación del Real Decreto-ley 9/2024 se introdujo una «disposición adicional quincuagésima séptima» en la LCSP, relativa a los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible.
Este tipo de medidas muestran que la contratación pública se abre hacia instrumentos más específicos de política social, lo que conlleva nuevos planteamientos y requisitos para licitadoras, entidades adjudicadoras y consultores.
2.5 Profesionalización, gobernanza y órganos de supervisión
La reforma legal también incluyó avances en materia de gobernanza de la contratación pública, tales como la existencia de órganos independientes de supervisión, por ejemplo la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) que está prevista desde la LCSP.
Para los profesionales de los servicios públicos, esto significa que no basta con cumplir con los pliegos, sino atender a la trazabilidad, auditoría, control y buenas prácticas, integrando desde la formación en Servicios públicos este nuevo enfoque.
3. Impacto en las entidades adjudicadoras y licitadoras
3.1 Entidades públicas y empresas de servicios públicos
Las entidades que prestan servicios públicos —ya sean directamente públicas o a través de empresas concesionarias— se ven obligadas a adaptar sus procesos internos, sus relativos de contratación y su estructura operativa.
Por ejemplo, la empresa EISP, en su módulo «Curso experto en contratación pública para entidades de servicios públicos», señala que la contratación pública “normalmente presenta muchas controversias, tanto por la legislación cambiante, por la diversidad de organismos que intervienen, como consecuencia de criterios dispares, que no siempre gozan de la objetividad deseada, generando un alto componente de inseguridad jurídica”.
Esto pone de relieve que, tras la reforma, las entidades necesitan articular políticas de contratación más robustas, con pliegos actualizados, seguimiento de procedimientos digitales, control documental y evaluación continua.
3.2 Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y nuevos operadores
Uno de los objetivos de la normativa europea y su trasposición es facilitar el acceso de las PYMEs y nuevos operadores al ámbito de la contratación pública, favoreciendo la concurrencia y reduciendo barreras.
Para ello, la formación en cómo participar en licitaciones, cómo interpretar pliegos bajo la nueva LCSP y cómo estructurar ofertas con criterios de calidad es esencial. En este sentido, los cursos de servicios públicos dirigidos a empresas que operan en el sector público pueden marcar la diferencia competitiva.
3.3 Gestión de riesgos y litigios
El nuevo marco legal introduce exigencias mayores en cuanto a transparencia y cumplimiento, lo que puede derivar en un mayor número de impugnaciones, recursos especiales en materia de contratación y litigios, si no se cumplen los requisitos.
Las entidades licitadoras y adjudicadoras deben contar con personal formados para gestionar estos riesgos —de ahí la importancia de una sólida formación en Servicios públicos especializada en contratación.
4. ¿Por qué la formación es clave en este nuevo escenario?
4.1 Adaptación al cambio normativo
Como hemos visto, la contratación pública ya no es la misma que hace unos años: nuevas modalidades, nuevos procedimientos, mayor integración digital, criterios ampliados de adjudicación, y mayor control de cumplimiento. Por ello, los profesionales necesitan actualizar sus conocimientos a través de cursos de servicios públicos especializados.
La Escuela Internacional de Servicios Públicos (EISP) viene desarrollando desde 2018 acciones formativas dirigidas a la actividad cotidiana de las empresas de servicios públicos, incluyendo la contratación pública como una pieza esencial.
Este tipo de formación permite comprender la normativa, los pliegos, los procedimientos, las auditorías, la evaluación de riesgos y los criterios de adjudicación bajo el nuevo régimen legal.
4.2 Mejora de la profesionalización y calidad de la gestión
La contratación ya no es puramente administrativa: es estratégica. Implica análisis técnico-económico, criterios de sostenibilidad, innovación, gobernanza y control. Las entidades que contratan, así como las que licitan, necesitan perfiles formados para gestionar estos retos.
Los programas de formación en Servicios públicos, como los impartidos por EISP, facilitan que estos perfiles cuenten con bases normativas sólidas, conocen casos prácticos y están preparados para dirigir procesos complejos de licitación y adjudicación.
4.3 Ventaja competitiva para empresas licitadoras
Para empresas que aspiran a adjudicarse contratos públicos, estar formadas en los nuevos requisitos de la LCSP, entender los procedimientos electrónicos, elaborar ofertas con criterios de calidad y evaluar riesgos de litigio marca la diferencia. Invertir en cursos de servicios públicos es invertir en competitividad, cumplimiento y éxito en los procesos de contratación.
4.4 Reducción de riesgos de incumplimiento y sanciones
Un error en la tramitación, la falta de documentación, la incorrecta aplicación de un criterio de adjudicación o una modificación contractual mal gestionada pueden derivar en recursos, sanciones o nulidades. La jurisprudencia y la práctica reciente destacan el aumento del riesgo de litigios ante la prórroga forzosa de contratos.
Por lo tanto, contar con una adecuada formación en Servicios públicos y buen asesoramiento formativo es esencial para reducir el riesgo y asegurar una contratación más eficaz y conforme.
5. Retos y oportunidades actuales
5.1 Retos
- Inseguridad jurídica: La modificación frecuente de la LCSP y la normativa sectorial genera cierto nivel de inseguridad para los operadores. Algunos autores ya han advertido de este riesgo.
- Digitalización obligatoria: El tránsito a procedimientos electrónicos y la necesidad de gestión digital compleja supone un reto para entidades con recursos limitados.
- Pequeñas entidades y PYMEs: Adaptarse al nuevo marco exige inversión en formación y reingeniería de procesos, lo que puede resultar costoso.
- Gestión de costes y revisión de precios: La legislación sobre revisión de precios, duración de contratos y prórrogas plantea tensiones económicas para licitadores.
5.2 Oportunidades
- Mejora de la calidad de los servicios públicos: La contratación pública ahora integra criterios de calidad, sostenibilidad e innovación, lo que permite que las entidades públicas ofrezcan mejores servicios.
- Participación más amplia de PYMEs: La apertura del mercado y la menor concentración pueden favorecer una mayor diversidad de empresas adjudicatarias.
- Profesionalización del sector: Los nuevos perfiles formados, gracias a la formación en Servicios públicos, permiten elevar el nivel de gestión y control de la contratación pública.
- Innovación y sostenibilidad como valor añadido: Empresas que integren en sus ofertas criterios innovadores y medioambientales pueden acceder a ventaja competitiva.
6. Buenas prácticas para adaptarse
Para entidades públicas, empresas licitadoras y profesionales del sector, se recomienda lo siguiente:
En resumen, la contratación pública en España ha cambiado de forma notable tras la última reforma legal (y sus sucesivas modificaciones). Las novedades normativas —reforzadas por la LCSP de 2017, las modificaciones de 2022/2023/2024 y los nuevos instrumentos normativos— han introducido un entorno más exigente, transparente y profesionalizado.
Para las entidades públicas, empresas de servicios públicos y licitadoras, ello supone no solo un reto sino una oportunidad: quienes sepan adaptarse mejor, formarse adecuadamente mediante cursos de servicios públicos y apostar por la formación en Servicios públicos, tendrán ventaja competitiva y mayor seguridad jurídica.
La empresa EISP ejemplifica cómo la formación especializada puede acompañar este proceso: sus programas formativos para contratación pública dirigidos a entidades prestadoras de servicios públicos dan respuesta a la necesidad de conocimiento y actualización permanente.
